El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, quien ya se encuentra en el ejercicio pleno del cargo para el cual fue designado ha prometido durante su campaña electoral para su último período presidencial, deportar a los inmigrantes indocumentados que se encuentran dentro del territorio americano, reiterando incluso a pocos días de las elecciones, concretamente en la ciudad de New York, que el primer día de su mandato lanzaría el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos, el cual podría estar afectando a casi once millones de inmigrantes que viven en este país.
En efecto el tema migratorio es una prioridad para el nuevo presidente de Estados Unidos, al punto que en su primer día de trabajo dentro de la Casa Blanca firmó algunos decretos con miras a retornar a las políticas fronterizas de su primer mandato y revertir las del presidente Joe Biden. Casi de inmediato suspendió la aplicación CBP One que permitía a los migrantes entrar legalmente a Estados Unidos con una cita programada en territorio Mexicano, que los conduciría inmediatamente a entrevistarse con un funcionario de cualquiera de los ocho puestos fronterizos dispuestos a lo largo de la frontera y optar por un permiso humanitario para ingresar regularmente o digamos dentro del marco legal a Estados Unidos.
La consecuencia de esta medida no se hizo esperar. Miles de personas que se encontraban en la frontera Sur de Estados Unidos y que ya tenían sus citas programadas vieron con profundo pesar como sus intenciones de ingresar al país finalizaron con el cierre de la aplicación e inmediata anulación de las citas. Diferentes cadenas de noticias recogieron las opiniones de las personas afectadas quienes entre lágrimas y desesperación manifestaron su angustia al no saber qué les deparará el futuro inmediato ante las severas políticas migratorias asumidas por la nueva administración Trump.
Ahora bien, de acuerdo al portal de noticias Univision Noticias “…El gobierno del presidente Donald Trump autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) revocar el estatus legal y deportar a cientos de miles de beneficiarios del programa de parole humanitario aplicado por la administración anterior…” Artículo “Trump autoriza deportaciones expeditas de inmigrantes que entraron con “parole” humanitario y CBP One”. 24 de enero de 2025. www.univision.com
Ciertamente el tema de la inmigración ilegal es un asunto que amerita la atención de los gobernantes de Estados Unidos pues la misma ha tenido un impacto social, por solo citar uno de ellos, afectando a los ciudadanos que viven legalmente dentro de Estados Unidos. Una de las múltiples consecuencias negativas ha sido el incremento de la delincuencia, actos vandálicos e incluso crímenes de envergadura que se ha cobrado la vida de personas inocentes nacidos dentro del territorio americano y/o personas que viven sujetos al marco de la legalidad, sin embargo revocar el estatus migratorio a personas que lo han obtenido de manera legal y que gracias a ese estatus viven en el país, es un aspecto que requiere ser observado con mucho cuidado.
Si bien sabemos que los estatus migratorios concedidos a un inmigrante son perfectamente revocables, deben existir causas inherentes a la persona misma que lo haga susceptible de revocación, de lo contrario no tendría por qué ordenarse la deportación de ninguna persona que vive legalmente y bajo el amparo de una condición migratoria debidamente concedida por la autoridad americana, quien se supone ha estudiado y analizado profundamente el caso de cada solicitante y ha considerado que el inmigrante se hace merecedor del estatus otorgado.
Proceder de esta manera en contra de personas que se han ceñido a los lineamientos migratorios previstos en las legislaciones internas de Estados Unidos, puede considerarse una violación de los Derechos Humanos de los inmigrantes quienes están amparados bajo el derecho de circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la cual Estados Unidos es signatario.
De tal suerte que antes de proceder en contra de la inmigración como lo está haciendo la administración actual de Estados Unidos, bajo la premisa de una “presidencia restauradora”, hay que considerar cada caso en particular. Entendemos que las personas que permanecen dentro de Estados Unidos ilegalmente deben salir del territorio, y aun así los derechos humanos de esas personas susceptibles de deportación deben ser igualmente respetados, más aún si hablamos de personas con estatus migratorio legal, como es el caso del Parole Humanitario, que en principio exime a sus beneficiarios de deportación pues su condición migratoria es legítima y amparada bajo una figura aprobada en su momento por el presidente saliente Jon Biden.
Así pues, revocar un estatus migratorio legalmente otorgado sin causas inherentes a la persona beneficiaria no es solo un acto injusto, sino un ataque directo a los principios fundamentales de los derechos humanos. Estas decisiones socavan la confianza en sistemas que deberían garantizar seguridad y dignidad, y perpetúan un ciclo de vulnerabilidad para quienes solo buscan un futuro mejor. Proteger los derechos de los inmigrantes no es una cuestión de política, sino de humanidad, justicia y respeto por los valores que deberían definirnos como sociedad.
Maria de Lourdes Fragachan.
PSA Worldwide.